La agonía de la victoria


El bloque minoritario proasambleísta y el gobierno negociaron con el grupo de diputados de DN (Dignidad Nacional) su permanencia en el Congreso, a la vez que la anterior mayoría opositora presionaba para que abandonasen sus escaños.

Mientras tanto el Tribunal Constitucional comunicó, el miércoles 21 de marzo, al Procurador General del Estado que todas las partes tenían 15 días para contestar la demanda de inconstitucionalidad del Congreso, la cual fenecía el 12 de abril.

El camino hacia la consulta popular para una Asamblea Constituyente iba a ser todavía una agonía: la oposición contaba con corruptos aliados.

A finales de marzo un juez penal, de la provincia del Guayas (la provincia históricamente con mayor corrupción judicial del Ecuador), aceptó el recurso de amparo de inconstitucionalidad, algo que todos los demás jueces a los que se presentó tal recurso habían rechazado quejándose, además, de presiones de personas cercanas a los partidos políticos contrarios a la consulta popular.

Basándose en el fallo del recurso aceptado, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos (PRIAN), rehabilita a los congresistas el miércoles 28 de marzo. Llegaba en el momento justo: la nueva formación del Congreso estudiaba la remoción del TC por superar su período de 4 años al haber finalizado sus funciones en enero.

Esa misma tarde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituyó al juez penal del Guayas; éste se negó a reconocer dicha autoridad. Aquí cada uno hace lo que le da la regalada gana. Quizás no. Este juez era primo de la esposa del líder del PSC, León Febres-Cordero. Qué coincidencia.

El presidente Correa se lamentaba de tanta ilegitimidad: “Hasta cuándo vamos a aguantar tanto abuso. Quisiera que revisen la ley de control constitucional, no se puede poner más de un amparo sobre la misma materia, ya van como seis amparos puestos, además ya han sido rechazados todos los anteriores”.

El respaldo del TSE aseguraba, al menos, que este procedimiento quedase anulado en el futuro. No conviene olvidar que el TSE actuaba bajo su propia responsabilidad, no a las órdenes del presidente, por más contrario que pueda parecer, tal como sugerían medios impresos nacionales y extranjeros (El País por ejemplo).

La partida no había finalizado; los jugadores jugaban, el arbitro arbitraba pero los expulsados aún conservaban poder: la mayoría de vocales en el TC pertenecían al mismo ideario político que ellos; intentaban sobornar a diputados del bloque de Dignidad Nacional con viajes a Miami y otros ofrecimientos sin olvidar que aún conservaban amigos en la Cámara de representantes.

El jueves 29 de marzo el presidente del Congreso da marcha atrás en la restitución de los diputados al conocer la decisión del TSE de suspender al juez del Guayas. Sin embargo, procura posponer las sesiones parlamentarias hasta después de la consulta popular en un intento de evitar la remoción del TC por el Congreso, quizás con la esperanza de que se produzca un dictamen de éste antes del 15 de abril.

Claro que el gobierno también sabe jugar. Justo el último día para contestar la demanda de inconstitucionalidad del TC, “el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República solicita audiencia pública en el presente caso” (1), con lo cual se logra que el dictamen del TC se señale para el jueves 19 de abril, cuatro días después de la consulta.

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(1) Revista “Gaceta Constitucional” del Tribunal Constitucional, nº 23, junio-sept. 2007. p. 42.

http://www.apuntesjuridicos.com.ec/?Menu=322

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