La partida de ajedrez triangular


El día de la investidura oficial de Rafael Correa Delgado fue el 15 de enero del 2007. Ese mismo día firmó su segundo decreto: “Convocar a consulta popular para el día 18 de marzo del 2007 para aprobar que se instale una Asamblea Constituyente”. Esta era una promesa ineludible. Conditio sine qua non para mantener la confianza en su presidencia; y la mayoría del Congreso lo sabía.

Ambos jugadores no ignoraban que el tiempo era fundamental; a favor de unos y en contra del otro.

La idea de convocar una consulta popular para votar por una Asamblea Constituyente no era nueva; bajo la presidencia de Alfredo Palacio (abril 2005 – enero 2007) se intentó llevar a cabo, en el 2005, negociando con el Parlamento y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero fueron esperanzas vanas. Lo expone con claridad meridiana, a finales de ese año, el ministro de gobierno Galo Chiriboga, a preguntas de un periodista acerca de la Constituyente:

El Ejecutivo ha realizado todos los esfuerzos para que la reforma política se concrete. Hemos acudido a todas las vías legales, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral, las reformas constitucionales específicas y la Asamblea Constituyente. Todo lo que hemos recibido son respuestas negativas (…)

El TSE emitió una sentencia constitucional que no le correspondía y bloqueó la Constituyente. Se acudió al Congreso y se acordó un trabajo conjunto para la redacción del estatuo electoral, mandamos un nuevo proyecto, conversamos con los bloques [legislativos] y la Comisión de Asuntos Constitucionales, enviamos un delegado para acordar el estatuto y luego el Congreso dijo que no estaba de acuerdo con la reforma (…) Veo que en el Congreso no hay la predisposición de apoyar la consulta (…) La muestra es que después de 30 días de no haber tramitado la propuesta, ahora frente a la nueva solicitud enviada al TSE, los legisladores pese a que están en vacancia [vacaciones], arman una sesión extraordinaria para decir no a la reforma…”. (1)

El tiempo desgastó al gobierno de Alfredo Palacio, que apartó esta propuesta política para seguir gobernando con otras prioridades.

Correa debió prever que el Congreso jamás aprobaría dicha convocatoria, así que se encomendó al arbitro, el Tribunal Supremo Electoral, figura de máxima autoridad institucional en período de elecciones.

Según el gabinete jurídico de la presidencia, la Constitución de 1998 no impedía al presidente del país solicitar al TSE la organización de un plebiscito. Al enviar la petición al alto Tribunal soslayaba al Congreso. Les envió el estatuto de la Asamblea Constituyente para que organizasen la consulta, pero el TSE reenvió dicho expediente al Congreso para que comprobasen si se ajustaba a la normativa constitucional. Ni que decir tiene que se lo tomaron con calma.

– – –

(1) http://www.eluniverso.com/2005/12/05/0001/8/A9DD94186ADD4B67AAB56538A73632AE.html

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