La corrupción a gran escala: el feriado bancario (1999)

“Manu, tome su plato”, interrumpió Juana la conversación ofreciendo la “merienda” de arroz con pollo, salteado de cebolla y tomate en una salsa de ceviche; pasó otra bandeja a Félix y estuvo con nosotros un par de minutos charlando. Quien sí se quedaría con nosotros, acto seguido, sería Raúl, el novio de Adriana y futuro esposo; para eso habíamos venido a Ecuador: a celebrar una boda. Un leit-motiv que iba a aprovechar a conciencia para conocer el país. Eso esperaba y, de momento, no podía quejarme.

El conversatorio se animó entonces a tres bandas con el tema de las elecciones presidenciales del 2006 ganadas, en noviembre, por un candidato independiente no adscrito a ningún partido: Rafael Correa Delgado.

Comíamos de pie en la calle dado que la temperatura en el interior de las casas era sofocante; además, había más espacio para que todos pudieran hablar sin estar apiñados. Realmente eramos muchos.

La corrupción era el plato fuerte de la plática. No se salvaba ningún gobierno. Si no estaban corruptos los principales políticos era su dejación lo que consternaba a Raúl. El sistemático descontrol parlamentario, y la falta de proyectos e ideas de los gobernantes elegidos respecto a la economía y la sociedad, atribulaba a ambos.

El diálogo incidió, sobre todo, en la extendida corruptela de toda clase de funcionarios estatales; ya fuesen servidores públicos de seguridad (la tropa o policía de calle; los patrulleros de tránsito, etc.), funcionarios de la administración, sanidad, educación, altos cargos y/o ministros e, incluso, presidentes.

Sixto Durán Ballén (1992 – 1996) ayudó al esposo de su nieta a huir del país en el avión presidencial justo cuando lo iban a juzgar por el caso de corrupción “Flores y Miel”. Podía decirse que nadie se salvaba de dichas prácticas. Por ahí nacerían los “tramitadores”, personas que agilizaban los trámites con la administración ahorrando horas de cola por un pequeño cobro. Se sigue dando como denunciaba el periódico El Telégrafo en 2012.

Esta falta de honradez política y administrativa venía de lejos; un buen ejemplo se tiene en la anécdota que cuenta Tom Miller, periodista estadounidense que viajó por Ecuador en 1985 en busca del origen del sombrero Panamá; durante una visita a Lago Agrio, la zona amazónica donde se descubrió petróleo por primera vez, un trabajador se quejó al escritor del hermano de un alto funcionario estatal. En aquel entonces gobernaba el PSC (derecha) con León Febres-Cordero de presidente:

“Encargó para la administración un tractor que costaba dos millones de sucres, y luego falsificó la orden de pedido y puso que costaba dos millones de dólares. Le pagó a la empresa proveedora lo que costaba el tractor y se embolsó el resto. Por aquí lo llamamos ‘el tractor de oro’ “. ⁽¹⁾

Tanto Raúl como Félix clamaban contra un Congreso al que consideraban un círculo cerrado de congresistas, y donde maniobraban ciertos grupos de presión, que discutían las leyes sin importarles las consecuencias para la mayoría de los ciudadanos.

Que las leyes se elaboraban en función de “lobbies”, más concretamente del poder financiero y bancario, lo deja bien claro el propio presidente actual de Ecuador, Rafael Correa, en su libro “Ecuador: de Banana Republic a la No República”, cuando menciona los cambios normativos producidos en la nueva Constitución de 1998:

“La Constitución de 1998 determinaba en su artículo 265 que el BCE [Banco Central de Ecuador] ‘no podrá otorgar garantías ni créditos a instituciones del sistema financiero privado…’ […] tanto con el sector público como con el sector privado […], entre gallos y medianoche se incluyó la disposición transitoria cuadragésima segunda, que en forma descarada manifestaba que ‘hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados […] el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras’. […]

La ley AGD [Agencia de Garantía de Depósitos], copiada de los países desarrollados, tenía una pequeña diferencia con estos, mientras en Estados Unidos, la garantía cubre tan solo un 80% del monto del depósito y tiene un límite máximo de 100.000$, en el caso ecuatoriano la ley obligaba al Estado a respaldar el 100% del depósito, sea este nacional u off shore [paraíso fiscal], y sin límite alguno. […]

Esta ley se diseñó con injerencia directa de los bancos para traspasar al Estado el peso de la crisis financiera que ya se avizoraba. El asunto fue tan descarado que la ley AGD se aprobó el 25 de noviembre y se publicó en el registro oficial el 1º de diciembre del año 1998, y al día siguiente ya se entregaba al Estado, colapsado, el banco más grande del sistema: Filanbanco”. ⁽²⁾

El sociólogo Patricio Carpio Benalcázar enmarca esta jugada sucia en la desregulación del sistema bancario con un decreto firmado en 1994, bajo la jefatura de Sixto Durán Ballén (PUR, derecha), que significó “cual cerdo en lodo, el festín de los fondos de los depositantes por parte de los banqueros quienes se tomaron directa o indirectamente [los “créditos vinculados”, préstamos a empresas filiales o con participación bancaria] esos recursos como créditos quebrando el sistema (el 50% de las instituciones financieras cerraron en cinco años de vigencia de la ley) y endosando al Estado el desfalco a más de un millón de clientes del sistema bancario. En esta aventura el estado perdió más de 6.000 millones de dólares”. ⁽³⁾

La ministra de cultura, Erika Sylva [septiembre 2012], dijo que “la crisis bancaria de los 90 le costó al país alrededor de 7.000 millones de dólares cuando la economía tenía un tamaño de casi 17.000 millones”. ⁽⁴⁾

Esta impresionante crisis económica es conocida en Ecuador con el nombre de “feriado bancario” (marzo de 1999), por durar toda una semana la suspensión de las operaciones financieras e iniciarse el congelamiento de los depósitos bancarios durante un año; a inicios del 2000 el gobierno anunció la dolarización como solución in extremis para salir del caos desembocado en la caída libre del sucre y una inflación imparable: significó la ruina de cientos de miles de ecuatorianos y la emigración de casi 3.000.000 de personas.

El economista Alberto Acosta desgrana, página a página, gobierno a gobierno, en su libro “Breve historia económica del Ecuador”, lo que implicó este “salvataje” [rescate] financiero a la sociedad ecuatoriana:

“El Estado controló por esta vía [adquisición de los bancos tóxicos] el 70% del patrimonio y el 60% de los activos de la banca. El salvataje representó solo en el año 1999 casi el 30% del PIB, una de las mayores cifras registradas a nivel mundial en este tipo de operaciones: 15% en el Sudeste Asiático entre 1995 y 1997, mientras que el promedio en América Latina fue de 8,3%. […]

El salvataje del Filanbanco recibió más de 1.200 millones de dólares desde 1998 al 2001 –más del doble de lo que el Estado destinó para salud en el mismo período-”. ⁽⁵⁾

Protestas sociales para reclamar el dinero congelado por el gobierno en marzo de 1999 (Fotos El Comercio; correspondientes al maravilloso sitio web http://www.memoriacrisisbancaria.com/index.php )

Filanbanco, el que fuera el mayor banco de Ecuador, en bancarrota en el año 2001.

A través de la AGD se produjo el rescate imposible de los bancos insalvables la mayoría.

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(1) Miller, Tom: “La ruta de los Panamás”, Ed. Debate (marzo 2003), p. 236.

(2) Correa Delgado, Rafael: “Ecuador: de Banana Republic a la no República”. Ed. Debate, edición digital septiembre 2011 Cap. 4.

(3) Carpio Benalcázar, Patricio: “El Ecuador, un país en la mitad del mundo”, Fundación Proyecto Local, Barcelona, 2008, p. 123.

(4) http://www.eluniverso.com/2012/09/13/1/1355/un-concurso-gobierno-buscara-evitar-olvide-feriado-bancario-1999.html

(5) Acosta, Alberto: “Breve Historia Económica del Ecuador”, Corporación Editora Nacional, Quito 2002, p. 214.